Wind Europe culpa a la intervención política y la inseguridad jurídica de la pérdida de inversión eólica

La intervención política y lo que las empresas consideran inseguridad normativa dentro de la Unión Europea en el sector energético, son las principales causas de la caída de la inversión a menos de la mitad, según la patronal europea del sector eólico, Wind Europe. Según el director general de la asociación, Giles Dickson: «La UE debe restablecer urgentemente la confianza de los inversores y canalizar el dinero hacia su cadena de suministro de energía eólica si quiere alcanzar los objetivos».

Según el último informe anual de Wind Europe, tras el estallido de la guerra en Ucrania, «los gobiernos nacionales adoptaron medidas de emergencia de buena fe, con el fin de proteger a los consumidores de los altos costos de la energía. Pero muchas de las medidas socavaron los ingresos de las generadoras». Y, añade: «Todos estaban descoordinados, lo que llevó a un mosaico de diferentes intervenciones en el mercado. Esto creó incertidumbre y perjudicó la confianza de los inversores».

La inversión en nuevos parques eólicos en Europa cayó en 2022 hasta los 17.000 millones de euros; menos de la mitad de los 41.000 millones del año anterior afectada también por la subida de tipos y el alza en los precios de los suministros. Eso sitúa la inversión en esta energía renovable en su nivel más bajo desde 2009, según la asociación que representa a la industria europea del sector, Wind Europe.

Para la patronal de las eólicas europeas, esta «es una dura advertencia para gobiernos y responsables políticos», donde atribuyó la caída de las inversiones al encarecimiento de la producción, las intervenciones en los mercados, las barreras burocráticas y la subida de tipos de interés.

El estudio de la asociación que preside el primer ejecutivo de Offshore Wind, Sven Utermöhlen, incluye información de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE); además de países como Reino Unido, Noruega o Turquía. Según sus datos, Alemania fue el país que más invirtió en nuevos parques eólicos durante el año pasado, con 2,4 gigavatios (GW); seguida de Finlandia (2,1 GW), Polonia (1,9 GW), Suecia (1,8 GW), Francia (1,6 GW) y, en sexto lugar, España, con 1,3 GW de inversión comprometida.

Por debajo de las necesidades

Esos 17.000 millones se traducen en una capacidad total de 12 GW que se construirán en los próximos años, en su mayor parte en tierra salvo por Francia, que fue el único país que durante el ejercicio pasado consiguió financiar dos proyectos eólicos marinos flotantes (conocidos como plantas o campos off shore) con 60 megavatios (MW) de capacidad.

Esos compromisos de inversión se suman a las inversiones ya en ejecución, que suman otros 16 GW en 2022 y se situarán en una media de 20 GW en los próximos años, según estimaciones de Wind Europe. Esa capacidad, sin embargo, se queda lejos de los 31 GW anuales que necesita la UE para cumplir con sus objetivos climáticos en 2030. Porque, tal como asegura Giles Dickson: «La UE sólo construye la mitad de la energía eólica que necesita.»

En enero pasado, Wind Europe ya manifestó sus discrepancias con las propuestas energética que España elevó a la Comisión Europea a las que consideró «excesivamente centradas en la aplicación de Contratos por Diferencia (CfD) para activos de generación de energía infra marginales tanto nuevos como existentes».

Aunque la asociación europea reconocía que los contratos por diferencia han demostrado «ser efectivos para ayudar a eliminar el riesgo de las inversiones eólicas», considera «fundamental» que no sean el único impulsor de las inversiones en renovables.

Wind Europe resaltaba entonces el creciente interés de las empresas por adquirir electricidad directamente de los productores de renovables. De hecho, en 2022 se contrataron 6,6 GW de energías renovables bajo Contratos de Compra de Energía.

La asociación europea se mostraba partidaria de que el nuevo mercado eléctrico que se negocia en Bruselas aproveche el potencial de los nuevos tipos de contratos. En concreto, de los PPA (Power Purchase Agreement), un acuerdo de compraventa de energía limpia a largo plazo desde un activo concreto y a un precio prefijado; así como de otras formas de contratación a largo plazo, como los CfD privados, «en lugar de desplazarlos con un enfoque exclusivo en los CfD controlados por el gobierno», según la asociación.

Además de facilitar los contratos a largo plazo, la reforma del diseño del mercado debe dejar espacio para la innovación y las inversiones impulsadas por la dinámica del mercado; asegura la asociación que los considera indispensable para desbloquear las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos climáticos y de seguridad energética que exige Europa.